22 de marzo de 2010

Funcionarios a tutiplén: ¿amenaza u oportunidad?

El personal al servicio de las administraciones públicas en España ascendía a mediados del año pasado a más de 2,6 millones de personas según el Ministerio de la Presidencia (más de 3 millones según la EPA). Se trata de un colectivo muy numeroso y que goza de mala imagen entre muchos ciudadanos (aunque no pocos envidien sus condiciones laborales), al que acusan de ineficiente,lento , falto de espíritu de servicio*o insolidario, entre otras lindezas.

Quejarse a estas alturas del número de funcionarios y similares vale de poco. Sobran muchos (aunque no en todas partes por igual), pero lo cierto es que no podemos despalancarnos de empleados públicos de un día para otro. Así las cosas, con la crisis económica que atenaza España, ¿por qué no ver esta situación como una oportunidad? ¿No nos beneficiaríamos todos si el mayor empleador del país hiciese las cosas mejor? ¿Cómo hacerlo?
  • Instaurando una cultura de la eficiencia: poniendo a la gente a trabajar, dándoles claros objetivos, midiendo sus resultados y premiando si es necesario. Fomentando la proactividad y buscando la capacidad emprendedora interna.
  • Evitando los abusos: horarios que no se cumplen, comisiones de servicio que no son tal, excedencias, incompatibilidades que no se respetan, oposiciones a medida, etc.
  • Haciendo cumplir el régimen disciplinario que los regula. Existen normas y castigos. Que se apliquen.
  • Mejorando la movilidad entre organismos para reforzar aquellas áreas más necesitadas y eliminando capacidad ociosa.
  • Congelando las nuevas contrataciones (excepto aquellas inaplazables), amortizando puestos, etc.
En definitiva, hace falta un esfuerzo de racionalización de las administraciones públicas que nos lleve a cuestionar todo: dimensión, funcionamiento, costes, duplicidades, economías de escala, servicios a proveer y financiación de los mismos, condiciones laborales, reclutamiento, etc. De paso cerraríamos espacios a la corrupción.
  • Otra idea que surge frecuentemente al comentar este tema es aquella que sugiere bajar los salarios de los empleados públicos (ya aplicada en algunos países). Personalmente soy partidario de congelarlos, pero no de bajarlos. Aceptando que un funcionario tiene menor incertidumbre en su vida laboral que un empleado del sector privado, a igualdad de sueldo parece lógico esperar que el primero ahorre menos, ya que tiene más información para ajustar su presupuesto. Si ahora bajamos el salario a este colectivo muchos (cientos de miles) dejarían de poder hacer frente a sus deudas. Otra cuestión es que los sueldos se reduzcan en las nuevas contrataciones (como está ocurriendo en el sector privado).
De hecho, si se trata de incentivar el consumo, olvidando cuestiones como las cuentas públicas y forzando el argumento, ¿por qué no subir el sueldo a un grupo de trabajadores, los empleados públicos, con una propensión marginal al consumo más alto? ;)
Es broma, por supuesto, pero, ¿nadie echa en falta creatividad en las [escasas] propuestas ante la crisis?

Ya terminando, el objetivo final al que debemos aspirar es una administración excelente, más productiva, que aporte al resto de la sociedad. Todos saldríamos ganando: las empresas operarian en un marco más seguro y ágil, los ciudadanos disfrutarían de mejores servicios y con menor coste y los mismos empleados públicos se sentirían más útiles y motivados y estarían mejor valorados.

El cómo trabaja un 13,5% de la población del país (una de cada seis personas con empleo) tiene necesariamente que notarse. El peso de las administraciones públicas convierte su gestión en una variable muy importante a la hora de influir en la marcha de la economía en su conjunto. Más nos vale hacerlo bien porque el déficit público da miedo y el recurso a la deuda tiene su precio.

Otros que han escrito sobre este tema:

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(*) Quizá si en vez de llamarles funcionarios les denominásemos public servants como en otros países (servidores/sirvientes públicos) empezaría a cambiar esa percepción (desde dentro y desde fuera).

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